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15 de agosto de 2014 - Número 147

Ajedrez económico: Copajira neoliberal

Carlos Alborta*

Cinco décadas después, es posible afirmar que los cooperativistas mineros se comportan como los dueños del así denominado “proceso de cambio”.
Ajedrez económico: Copajira neoliberal

En una alocución sobre la Ley Minera, Evo Morales indicó “mi pedido es aprovechar y aprobar una nueva ley, el momento que se pongan de acuerdo mandan y aprobamos” (3 de Agosto 2012). Con esta frase pareciera que el primer mandatario invita a la ciudadanía a ponerse de acuerdo en un asunto que, vista la ley, parece beneficiar a unos cuantos: los cooperativistas mineros, aliados incondicionales al mas y con espacios de poder real. La minería caracteriza a la economía boliviana desde hace siglo y medio y esa declaración es reveladora de una praxis corporativa que caracteriza al actual gobierno. Este artículo examina algunos rasgos de esa ley recientemente aprobada.
 Los beneficios de ser cooperativista. La recientemente aprobada Ley Minera (2014) del gobierno no modifica en nada el Código Minero (1997). Repite las mismas facultades y derechos en beneficio de los cooperativistas y les otorga beneficios adicionales a los existentes. Estos propietarios mineros tienen beneficios como los siguientes: (a) No aportar al estado con la Tasa Cero al Impuesto al Valor Agregado; (b) recibir préstamos del Fondo de Financiamiento para la Minería; (c) recibir dotaciones para explotación minera.
 Las concesiones mineras. De acuerdo a esta ley, el titular del derecho minero puede disponer de las tierras que están dentro de su área y los terrenos aledaños. Puede disponer del uso de las aguas públicas sin la obligación de compensarlas (art. 111 y 112). En el caso de los terrenos colindantes, si el dueño del título de explotación minera no llega a concertar con los propietarios, éste puede expropiar los predios. El pago de la patente es el costo de la mantención del derecho minero. Luego de dos años, la concesión minera caduca; en un marco tributario en el que esos pagos son activamente esquivados. Como referente, se paga actualmente Bs 600 anuales por cuadrícula en un contexto en el que los actores compran frecuentemente más de 300 cuadrículas. Esta tasa es francamente ridícula cuando se la compara con el costo del sentaje en el Municipio de Santa Cruz de Bs. 500 al año.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). La AJAM es una entidad autárquica bajo la tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia. Supone la creación de una superestructura estatal a cargo de fiscalizar la actividad minera. Sus funciones más importantes son (a) administrar el Registro Minero, Catastro y Cuadriculado Minero; (b) recibir y procesar las solicitudes de adecuación de las Autorizaciones Transitorias Especiales-ATE’s, a contratos administrativos mineros; y (c) recibir y procesar las solicitudes para contratos administrativos mineros de las áreas mineras con contratos de arrendamiento con la COMIBOL. De manera muy importante, la AJAM se encarga de recibir y procesar las solicitudes de Licencias de Operación y de Licencias de Comercialización, otorgarlas y, en su caso, suspenderlas o revocarlas (art. 39 y 40). De manera inequívoca, la AJAM será la instancia donde esté el poder minero en un contexto de fracaso de reforma del poder judicial. La AJAM está diseñada para un ejercicio de poder personalista por parte del/a Ministro/a de Minería y sin los pesos y contrapesos que aconseja la teoría democrática.
Polémica sobre dos artículos. La sociedad boliviana ha sido testigo de las tensiones generadas por el proceso de elaboración y aprobación de esta ley: paros y bloqueos promovidos por los mineros durante un lapso de cinco semanas. Primó la posición de fuerza de los cooperativistas en la letra muerta del artículo 151. Al final del día, el artículo 152 facilita los contratos entre actores mineros privados. Los testaferros pueden hacer los contratos que les dé la gana, con la sola condición: que informen a la AJAM. Adicionalmente, el artículo 132 indica que los contratos en proceso tienen derecho preconstituido para la friolera de 2.200.000 Ha. El trámite de la consolidación legal de los contratos de yacimientos minerales no va a pasar por la asamblea legislativa sino por el Ministerio de Minería y Metalurgia.
Las concesiones han sido fuente de corrupción ligada a testaferros tanto en este gobierno como en los anteriores. Se observa un proceso cada vez más frecuente. Los derechos mineros son vendidos, revendidos e intermediados. Así, un sujeto dado compra derechos mineros sin tener que solicitarlos directamente al Estado. Frecuentemente, el beneficiario de la transacción inicial no es un actor minero sino político. Ojo: los testaferros no tienen obligaciones directas con el Estado. Este proceso está alentado en la Ley Minera y se trata de un clarísimo ejemplo de formación de mercados, de intermediación neoliberal. Por ejemplo, hace poco se ha sabido que la hermana de vicepresidente tiene una concesión minera denominada “La Millonaria”.
 La impostura de la consulta. Interesa indicar que la Ley Minera explicita la excepción a la consulta previa, libre e informada. Hay dos las razones para ello. Los casos de derechos preconstituidos o derechos adquiridos no están sujetos a la consulta previa. En otras palabras, se excluyen de este procedimiento los contratos administrativos mineros por adecuación y los contratos de arrendamiento, o riesgo compartido. La autoridad que realiza la consulta previa es la AJAM. Si no hay acuerdo, la instancia final es el Ministerio de Minería, y su decisión es inapelable. Los derechos sociales resultan siendo conculcados. El concesionario minero está protegido por esta ley en perjuicio tanto de indígenas como no indígenas. Los concesionarios son superiores por ley a quienes tienen derechos superficiarios y de servidumbre (art. 113).
 ¿Existen diferencias entre el Código Minero de 1997 y la Ley Minera de 2014? Tres aspectos caracterizan al Código Minero: (a) No privatizaba las áreas nacionalizadas en el 52, orgullo del proletariado boliviano; (b) mantenía vigente las reservas fiscales; (c) las cooperativas pagaban el IVA. En cambio, la Ley Minera vigente indica que en cinco años más dejarán de existir áreas fiscales sobre la base del derecho preferente. Los cooperativistas van a esperar los cinco años para acceder a las reservas fiscales. Actualmente, los cooperativistas ya tienen los ojos puestos en la Zona del Precámbrico en Santa Cruz (tiene níquel, tantalio y piedras preciosas). Bajo el código anterior la reserva fiscal les prohibía esa expansión. Las cooperativas son consideradas ‹entidades sin fines de lucro›. Los efectos de ello son que no pagan impuestos a las utilidades; no pagan otros impuestos (por derechos preconstituidos algunos recién en solicitud); no pagan el IVA. En otro contexto, Zavaleta Mercado indicaba que los mineros de la Revolución del 52 se comportaban como dueños de la revolución. Cinco décadas después, es posible afirmar que los cooperativistas mineros se comportan como los dueños del así denominado “proceso de cambio”.

* Economista.

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