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15 de junio de 2014 - Número 145

Ajedrez económico: El chenko de la coca, II

Carlos Alborta*

En la primera parte de este artículo se identificaron las rasgos centrales de la economía de la coca en una zona tradicional. En esta segunda, se intenta un panorama más amplio, más allá de lo “tradicional”.
Ajedrez económico: El chenko de la coca, II

Políticas públicas y sustancias controladas
En el área de las políticas públicas, el control de sustancias se basa en la Ley 1008, elaborada a finales de los años ochenta. Este dato fundamental no ha sido modificado por el gobierno masista. Para empezar, y en el noveno año del gobierno del MAS, esa ley no ha sido derogada. Nótese que es una ley que supone una política enfocada casi exclusivamente en la interdicción. A su vez, no existe una política contra el consumo de drogas y tampoco una que suponga la lucha efectiva contra el crimen organizado. ¿El MAS ha logrado persuadir a la opinión pública de que combate al narcotráfico? Las señales que ha dado van, parece, en otra dirección.

Interdicción o “industrialización”

Gobiernos anteriores al MAS siguieron una política de erradicación cuyos resultados nunca fueron alentadores, por varias razones. En cambio, el gobierno masista, a partir de la base social de apoyo al presidente Evo Morales, ha impulsado, como respuesta, una política de industrialización de la coca. Hay que afirmar que luego de casi nueve años en el poder, la industrialización de la coca no existe. Otra de las políticas masistas ha sido la de mantener los mercados de coca de Sacaba y Chuquiaguillo, un invento neoliberal de finales de los años ochenta. Los masistas han continuado estos mercados y, de hecho, los ha reforzado según principios neoliberales. El precio del taque de la coca se ha cuatriplicado en diez años (era de Bs. 500 en el 2003 y ahora es de Bs. 2000).
 ¿Un cambio de paradigma? Se afirmaba en los años noventa que existía una división del trabajo a escala latinoamericana: países productores de droga como Bolivia, países de tránsito como México, y países consumidores como EEUU. Esta división del trabajo ya no es válida. Hoy, se dice, el 60% de la cocaína de Bolivia y Perú se queda en Brasil y la Argentina. (Según otro cálculo, el 80% de la cocaína en el Brasil es cocaína boliviana).

Algunas conclusiones.
1. Es necesario reabrir el debate, en función del interés común, sobre el circuito de la coca-cocaína. Para ello, son necesarios espacios académicos, y, sobre todo, políticos.
2. El minifundio y el monocultivo prevalecen en los territorios cocaleros yungueños. A futuro, será importante estudiar las implicancias del monocultivo cocalero en términos ambientales.
3. Los ingresos de los cocaleros son altos respecto a la media rural en el resto del país: un 60% a 100% más. Y supone una especie de “flujo de caja rápido” en vista a las dos o tres cosechas anuales de coca. Además, se trata de ingresos cuyas transacciones se basan en la confianza entre el productor y el intermediario.
4. Las políticas de desarrollo alternativo se han ido desmoronando en la última década. Por razones obvias: es difícil persuadir a los cocaleros de que sustituyan sus cocales por cultivos menos rentables.
5. Los ingresos cocaleros deberías ser mejor identificados. Lo único que se sabe es que la economía de la informalidad predomina en el cultivo de la coca. Fuentes oficiales han minimizado el narcotráfico indicando que éste sólo alimenta al PIB en un 1,5 a 3 por ciento (Los Tiempos, 10 de septiembre 2010).
6. La industrialización de la coca ha fracasado hasta ahora, pese los recursos invertidos por el Estado. Es necesario estudiar las razones de ese fracaso y replantear esta política.
7. Se hace necesario implementar, en serio, una política de control de precursores. Se podría empezar debatiendo el subsidio al precursor más barato y asequible: la gasolina de YPFB.


* Economista.

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