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Asimetrías electorales y necesidades programáticas

Asimetrías electorales y necesidades programáticas

Cuando faltan 120 días aproximadamente para la realización de las elecciones para el órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, el panorama general que le proporciona contexto al evento contiene enormes incertidumbres y fragilidades institucionales. En efecto, en pocas ocasiones anteriores las elecciones se han llevado a cabo en circunstancias semejantes donde no se han dictado todas las normas necesarias, tampoco está garantizada la imparcialidad del  árbitro y ni siquiera se ha completado de forma adecuada el padrón electoral interno, pero se ha destinado gran esfuerzo al empadronamiento de los ciudadanos residentes en el exterior. Y, como remate de todo lo anterior, existen varios conflictos y movilizaciones debidos al rediseño de las circunscripciones electorales, algo que muy probablemente esté vinculado con  las insuficiencias del Censo de Población y Vivienda de fines de 2012.
Tales irregularidades afectan sin embargo de manera muy diferente al oficialismo y a la oposición.
El partido oficial y sus candidatos ya tienen la mitad del camino recorrido puesto que no enfrentan mayores inconvenientes para definir el binomio de su candidatura para presidente y vicepresidente, ni tampoco para escoger las listas respectivas de candidatos a senadores y diputados. Los analistas políticos y las encuestas coinciden además en que el oficialismo cuenta con alrededor de un 35% de preferencia de voto relativamente bien consolidado a su favor, y ascender desde ese nivel hasta un resultado final por encima del 50% no debería serle demasiado difícil, aunque ese tramo dependerá en buena medida de cómo organicen y desplieguen finalmente sus campañas proselitistas las diferentes fuerzas de la oposición.
Y, por último, si la economía se mantiene aproximadamente en las mismas condiciones que en el momento presente, la percepción ciudadana de bonanza difundida y de una disponibilidad ilimitada de recursos oficiales para todo tipo de proyectos que favorecen la reelección de Evo Morales, orientarán probablemente las preferencias hacia la candidatura oficial.
En términos programáticos, el MAS no ofrece novedad alguna y la publicidad de su gestión constituye el soporte principal de su campaña, con el añadido de ciertos elementos relevantes, como la realización del Dakar en Bolivia, la convocatoria en el país a la Cumbre del G77 más China y la propia presentación de la demanda marítima ante el Tribunal de Justicia de La Haya.
Con todas esas circunstancias a su favor, resulta muy poco probable que el candidato Evo Morales se preste a debate alguno con ninguno de los candidatos de oposición. Y ésta es otra de las anomalías del proceso: los electores no dispondrán de argumentos programáticos para escoger entre las opciones que finalmente participen en los comicios de octubre próximo.
Es muy distinta la situación de la oposición. No han prosperado los distintos esfuerzos para constituir un solo frente electoral, lo cual tampoco es deseable para la construcción a largo plazo de un sistema pluralista y democrático de representaciones políticas, aunque tampoco es conveniente una dispersión tal de opciones opositoras, que el MAS se constituya en la fuerza hegemónica indisputada de la política.
Aunque no se han dado a conocer esfuerzos programáticos significativos ni en el oficialismo ni en la oposición, el país tiene ciertamente demandas que deberían ponerse a debate público. Al menos en tres ámbitos resulta imprescindible contar con propuestas claras de políticas públicas. En primer lugar, es inadmisible que el estado deplorable de la administración de justicia no suscite propuestas claras de cambio. En segundo lugar, la propia idea democrática sobre la separación de poderes, la rendición de cuentas y el control efectivo del poder tendría que merecer algunas respuestas concretas de cara a la enorme concentración de poder y recursos que impera en la actualidad. Por último, la gestión de la economía requiere nuevos enfoques para cumplir con el mandato constitucional del pacto fiscal, pero asimismo para el establecimiento de mecanismos específicos y políticas públicas pertinentes ante la eventualidad de un cambio en las condiciones de bonanza externa.


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