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Los hidrocarburos en la controversia electoral

Los hidrocarburos en la controversia electoral

En lugar de un debate programático entre los principales responsables de las distintas opciones electorales, los temas más controvertidos de la campaña se tramitan como denuncias y desmentidos en los medios de difusión o en los estrados judiciales, lo cual da cuenta de la degradación de la política inherente al “proceso de cambio”.

Así sucede con uno de los temas de mayor relevancia para el futuro de la principal fuente de ingresos de la economía boliviana: los hidrocarburos. Entre propuestas improvisadas de los candidatos –incluyendo al Presidente– y la falta de información transparente y verosímil de las entidades y voceros gubernamentales, crece la incertidumbre sobre el futuro de la renta gasífera de la que ha dependido la bonanza de la “década de oro”.

Uno de los temas controversiales ha sido la falta de inversión en exploración. Como se sabe, las reservas probadas de gas no alcanzan para atender, en el mediano plazo, la creciente demanda del mercado interno y los compromisos de exportación al Brasil y la Argentina. Uno de los candidatos opositores propuso compartir en partes iguales la renta entre el Estado y las transnacionales. Esta medida estaría orientada a incentivar las inversiones, una de las principales deficiencias de la gestión del MAS.

El gobierno respondió que semejante propuesta equivalía a la desnacionalización de los hidrocarburos, medida que habría establecido una distribución de la renta en una proporción de 18% para las transnacionales y 82% para el Estado. El gobierno habría previsto otro tipo de incentivos –no se conoce aún cuáles– que tendrían que hacerse efectivos a partir de la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos en 2015 (la ley vigente, hay que recordarlo, se aprobó pese a la oposición del MAS durante la presidencia congresal de Hormando Vaca Diez).

Esta afirmación derivó en una polémica sobre otro tema relevante: ¿de veras recibe el Estado boliviano el 82% de la renta de los hidrocarburos? Ese porcentaje rigió para los megacampos durante algunos meses tras la “nacionalización” de 2006, mientras se negociaban los nuevos contratos. Una vez suscritos, las empresas transnacionales lograron que el Estado les reembolse los “costos recuperables”, que incluyen su abultada planilla salarial –una manera de devolverles con una mano lo que se les quita con la otra– con lo cual cambió la distribución de la renta. Esos costos debían ser objeto de auditorías que no son del conocimiento público. Con el rembolso de estos costos, la renta quedaría distribuida en realidad en 56% para el Estado y 44% para las empresas “nacionalizadas”, según algunos analistas.

Otro tema controversial es el de la subvención al precio de los combustibles. Como el país no produce toda la gasolina y diesel que consume, los importa pagando un precio mucho mayor que el que rige en el mercado local. La diferencia la cubre el Tesoro con un monto superior a todas las inversiones en el sector hidrocarburos. El candidato-Presidente declaró que esta subvención era un “cáncer” para la economía y pidió nuevamente terminar con ella. El anuncio provocó una desordenada polémica: mientras la oposición afirma que la única manera de acabar con la subvención es mediante un incremento en el precio –un “gasolinazo”– el gobierno sostiene que el aumento en la producción y la industrialización permitirán terminar con las importaciones en 2015. Pero el precio local seguiría subvencionado en relación a los precios del mercado internacional, lo cual estimula el masivo contrabando hacia los países vecinos. La subvención, por tanto, no es una cuestión de cuánto combustible se importa o se produce sino a qué precio se lo vende. En esta polémica sorprende que mientras el gobierno sostiene la tesis neoliberal de que el Estado no debe subvencionar los precios, la oposición de “derecha” aboga por la tesis estatista de mantener los precios subvencionados.



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