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8 de septiembre de 2014 - Número 148

La justicia se nos muere

Henry Oporto*

La carga procesal acumulada, sumada al descalabro del sistema judicial es una bomba de tiempo. En la judicatura no se paga el trabajo sino la sumisión. El camino de la solución pasa por un acuerdo político nacional, respaldado por la sociedad. O sea, un Pacto de Estado por la Justicia, que comprometa la voluntad de los actores políticos para encaminar una regeneración profunda, integral y de largo plazo.
La justicia se nos muere

Mientras se desnuda el fracaso de la política judicial, y son más evidentes los efectos deplorables de la elección popular de magistrados, el sistema judicial se desmorona y crecen los síntomas de colapso en la administración de justicia. 

Crece la mora judicial: Según datos oficiales, las causas resueltas en todas las materias judiciales, apenas alcanzan al 31% de las causas ingresadas, mientras que las causas pendientes llegan al 69%. De cada tres causas radicadas en los juzgados, al menos dos son causas pendientes. En ciertas materias (Instrucción Cautelar, Ejecución Penal y Administrativo-Coactivo Fiscal) las causas rezagadas se sitúan entre 85 y 90%. 

Sobrecarga procesal en los juzgados: La brecha entre el aumento de las causas y el reducido número de juzgados es creciente. Como resultado, el promedio de casos por juez no ha dejado de crecer, alcanzado proporciones extraordinarias e inauditas. El promedio nacional en materia de Instrucción Cautelar Penal, es de 2.470 casos por juez. En las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz este promedio supera incluso los 3.000 casos por juez, en un solo año. Pocos países en el mundo deben presentar cifras de una concentración tan grande de causas en tan pocos funcionarios. 

La acumulación de la carga judicial es también efecto de la sañuda persecución judicial contra opositores y funcionarios de anteriores gobiernos; muchos de estos casos llevan años, sea para mantener la presión o simplemente por el temor de los jueces de cerrar los casos. 

Jueces y fiscales saturados:El drama de falta de jueces se reproduce en el Ministerio Público. Entre 2008 y 2011, el número de fiscales en todo el país creció en apenas 2%, un incremento ridículo e insuficiente frente al crecimiento de las causas que, en el mismo período aumentaron un 13.5%. Así, entre los años 2008 y 2012, el número de causas por fiscal (como promedio nacional), en las nueve capitales de departamentos, había subido de 165 a 179 causas. No obstante, en los últimos dos años esta cifra puede incluso haber aumentado; datos no oficiales indican que en las ciudades del eje central, el promedio de causas atendidas por cada fiscal bordearía los 500 casos.

Procesos sin sentencia:Comparando los datos de la gestión 2010, las imputaciones formales presentadas durante ese año, alcanzaron a 20.670 en todo el país. En cambio, las sentencias dictadas por los tribunales fueron apenas 874; esta cifra, que representa un escaso 4% del número de imputaciones, dice por sí misma de la falta de justicia para miles de personas y familias. 

Cárceles hacinadas: Con la falta de sentencias de los tribunales, aumenta también la cantidad de presos sin sentencia ejecutoriada. Según el Defensor del Pueblo, la población carcelaria en Bolivia hasta el año 2011, alcanzaba a 13.500 presos, de los cuales una inmensa mayoría (83.6%) eran detenidos sin sentencia, lo que es una flagrante violación de los derechos humanos. Esta enorme masa de privados de libertad, sin sentencia ejecutoriada, que no deberían estar en las cárceles y que no obstante están condenados a condiciones infrahumanas de prisión, es una de las principales causas de la sobrepoblación carcelaria, estimada en 233%. Bolivia es el segundo país en el hemisferio con el mayor hacinamiento carcelario (Observatorio de Seguridad de la OEA). 

Menos presupuesto para justicia:Si para 2005, el gasto en el Sector Justicia (Poder Judicial, Fiscalía y Ministerio Público) era algo menos del 2% del gasto total del sector público, durante los nueve años siguientes ese porcentaje ha caído; en 2013, el presupuesto programado del Sector Justicia (Bs. 826.727.362), fue apenas el 0.36% del PGN (Bs. 228.285.224.092).

La captura política de la justicia 

La elección de autoridades judiciales, ha cumplido con creces el objetivo de captura de la administración de justicia, para someterla y manipularla según los intereses y necesidades del poder político. Todo ello a costa de agravar los males de la justicia. Al desaparecer todo vestigio de independencia, institucionalidad, carrera judicial y meritocracia, lo que vale ahora es la sumisión con los gobernantes, el padrinazgo, el cuoteo político y sindical, la habilidad para sobrevivir en aguas turbulentas. Hay una inversión de valores que ha puesto a la justicia patas arriba. 

Los tribunales son una chacota; impera el caos, las trifulcas internas, las pugnas de poder, la presión corporativa y la inestabilidad crónica. Jueces y fiscales están sometidos a premios y castigos y son enteramente desechables. Han surgido inéditas redes de corrupción y extorsión. El sistema judicial está atorado, nada funciona y nadie cree en la justicia. La aventura del gobierno ha devenido en una judicatura disfuncional y corrupta; un verdadero descalabro institucional. 

Salvemos la justicia 

Del sistema judicial se espera tres funciones clave: i) proteger la libertad y los derechos de las personas; ii) dar seguridad jurídica a la actividad económica, los negocios, las relaciones laborales, los contratos entre particulares, etc.; iii) garantizar el orden, el respeto a la autoridad, el cumplimiento de la ley, la seguridad de las personas, y en fin, la paz social. En ausencia de justicia reina el caos y la anarquía o bien la tiranía y el despotismo. Si el sistema judicial no cumple esos roles esenciales, no hay Estado de derecho; significa que el órgano judicial está imposibilitado de limitar y ser un contrapeso eficaz de las decisiones de los gobernantes. Y sin Estado de derecho y sin equilibrio de poderes, simplemente no existe democracia –que es la situación de Bolivia–. 

La consecuencia del descalabro judicial es la falta de justicia, que afecta a la inmensa mayoría de los bolivianos,- directa o indirectamente. El Estado plurinacional es incapaz de proveer un servicio básico a la sociedad como es la justicia, o sea un sistema judicial que funcione y sea accesible y oportuno y, por cierto, idóneo y confiable en sus fallos. Despojado de toda independencia y capacidad efectiva para su función institucional –que incluye el control de la constitucionalidad de las leyes–, el sistema judicial ha perdido la jerarquía de un poder de Estado; su condición actual es la de un órgano subsidiario del poder político. 

Son tan abrumadores los problemas de la justicia, que si no hacemos algo efectivo, y pronto, las consecuencias pueden ser muy graves. Es preciso evitar que los juzgados y tribunales, saturados de carga procesal, colapsen irremediablemente. Ya no se trata únicamente del descrédito de las autoridades judiciales elegidas o impuestas a dedo. El malestar social es tal, que expresiones de repudio y descalificación pueden tomar cada vez más fuerza. 

Quienes han ocasionado y agravado esta crisis, no pueden ser los mismos que la remedien –ya han demostrado sobradamente su incompetencia, y la pérdida de todo resto moral–. La situación actual no admite más parches, improvisaciones o medidas cosméticas Para arreglar la justicia hay que tomar el toro por las astas y encarar la crisis en toda su dimensión. 

El camino de la solución pasa por un acuerdo político nacional, respaldado por la sociedad. O sea, un Pacto de Estado por la Justicia, que comprometa la voluntad de los actores políticos para encaminar una regeneración profunda, integral y de largo plazo, más allá de un gobierno u otro, de modo que las acciones correctivas tengan continuidad y que las transformaciones puedan madurar en sus logros y resultados, evitando el círculo vicioso de reformas y contrarreformas, que desmantelan todo lo precedente o que siempre están comenzando desde cero. Este pacto de Estado resulta tanto más necesario por cuanto es impensable arreglar la justicia sin restituir el principio de la independencia judicial como la piedra angular sobre la que debe operar la gestión judicial; y también para hacer posible una reingeniería en el sistema judicial, abarcando todas sus instituciones –incluso la Policía y la Contraloría–. Una reingeniería institucional sustentada en principios meritocráticos, que revalorice la carrera judicial y la profesionalización de la justicia, como la mejor garantía para que la judicatura responda a las necesidades del país, tanto como a los requerimientos de la gente. 

Para todo eso es imperativo un consenso nacional básico, de tal manera que la política judicial sea consistente, eficaz y perdurable en el tiempo, independientemente de quién ejerza el gobierno. Un consenso así requiere del acuerdo y el compromiso de los partidos, en su máximo nivel, y luego refrendado en el parlamento, como depositario de la soberanía popular. Un Pacto de Estado por la Justicia, bien puede comenzar con un acuerdo político para conformar una Comisión de Notables, presidida por el Defensor del Pueblo e integrada por otras cuatro personalidades probas y de reconocida trayectoria y credibilidad. Esta comisión tendría la misión, en un plazo determinando –por ejemplo, 90 días–, de formular un Plan de Regeneración e Institucionalización de la Justicia, con el compromiso de los partidos de viabilizar sus propuestas a través de las acciones constitucionales, legales, reglamentarias y administrativas necesarias. 

Una fórmula que funcionó en el pasado 

La idea de una Comisión de Notables se basa en la experiencia de la Corte Electoral de “notables”, constituida a partir de un acuerdo político (el año 1991) para superar una delicada crisis política que había sido provocada dos años antes por los desmanes y la actuación parcializada de “la banda de los 4”; que es así como se conoció popularmente a la Corte Electoral Nacional, en ese entonces integrada por representantes de los partidos políticos. Para la percepción generalizada, los resultados de los comicios generales de 1989 fueron manipulados a fin de favorecer la elección de uno de los candidatos presidenciales, lo que derivó en el descrédito de la autoridad electoral y en general del sistema electoral. Afortunadamente para la democracia boliviana, los partidos políticos tuvieron entonces la capacidad de reaccionar oportunamente, entregando la conducción del sistema electoral a un grupo de “cinco ciudadanos notables”, encabezados por Huáscar Cajías, y asumiendo el compromiso de someterse a las decisiones de este nuevo árbitro electoral. Sin duda, aquella fue una decisión providencial, que permitiría reencauzar los procesos electorales y restablecer la confianza en el sistema electoral. 

Entre la situación vivida entonces por el sistema electoral, y la que hoy soporta la justicia, puede trazarse un paralelo. Y si entonces fue posible remontar aquella crisis mediante un acuerdo interpartidario, y la conformación de un renovado órgano electoral independiente e imparcial, que era una prenda de garantía para todos los actores políticos y la ciudadanía en general, ¿por qué no aplicar una fórmula igual al momento dramático que atraviesa la justicia? 

Un Plan de Regeneración e Institucionalización de la Justicia, tendría que señalar un conjunto de propuestas concretas en aspectos tales como el presupuestario de la judicatura, la actualización de códigos y normas, la formación y capacitación de jueces y fiscales, la transparencia en la gestión judicial, el combate a la corrupción, el régimen penitenciario, la jurisdicción indígena, etcétera. Pero esto no es suficiente. La situación de emergencia en la justicia, amerita otras medidas excepcionales que puedan aliviar la carga procesal –acorde a la gravedad del problema–, y devolverle a la ciudadanía una cierta confianza en la utilidad del sistema judicial. 

Las actuales autoridades judiciales podrían facilitar las cosas, presentando renuncia de sus cargos. Si no lo hacen, la Asamblea Legislativa debería determinar la revocatoria de mandato de los miembros del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura. Esto lo puede hacer, mediante una ley interpretativa del artículo 195 de la Constitución, que faculta al Consejo de la Magistratura, promover la revocatoria de mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental por faltas gravísima en el ejercicio de sus funciones. La renuncia o revocatoria de las autoridades superiores de justicia, sería seguida de la recomposición de los órganos judiciales, a través de un acto de elección de la Asamblea Legislativa, sustentada en el voto consensuado de todas las fuerzas parlamentarias, y como parte del acuerdo político para encarar la crisis de la justicia. 

Sería ideal que, en el contexto de la actual campaña electoral, los candidatos presidenciales, asuman el compromiso de propiciar, como una de sus primeras tareas de gobierno, los entendimientos políticos necesarias para la conformación de la Comisión de Institucionalización y Regeneración de la Justicia, y comprometerse a trabajar en forma coordinada con el próximo parlamento, los partidos políticos y las instituciones de justicia, en todas aquellas acciones que fueren recomendadas por dicha comisión. 

Pero hay obstáculos que pueden anular cualquier posibilidad de encaminar una salida a la crisis judicial vía un acuerdo político. El mayor escollo es la renuencia del MAS a dejar de instrumentalizar el aparato judicial y aceptar un modelo de justicia con autonomía del poder político, propio de un Estado democrático y de derecho. Aquí no caben ilusiones. Entretanto un partido –como lo ha sido el MAS en el último tiempo– siga siendo tan dominante en el sistema político y retenga el control absoluto del parlamento, lo más probable es que nada cambie en la justicia y que las instancias judiciales continúen atadas a ese poder sofocante. El rescate de la justicia presupone una evolución distinta del proceso político. Si el país no supera esta fase de hegemonía partidista –y su correlato de un régimen autocrático, que descarta de plano concertar políticas nacionales– y no es posible un cierto equilibrio de fuerzas, que le devuelve peso propio a la oposición política, querrá decir que no se dan las condiciones necesarias para un pacto nacional. 

Regenerar la justicia no sólo es cuestión de voluntades. Quizás lo decisivo sea la correlación de fuerzas. Lo sabremos después de los comicios generales de octubre.


  • 1. Sociólogo, investigador de la Fundación Pazos Kanki.
  • 2. Versión resumida de la ponencia del autor, presentada en el Coloquio sobre Justicia, organizado por las fundaciones Milenio y Pazos Kanki, La Paz, 31/07/2014
  • 3. La nueva Constitución ha cambiado la denominación de “Poder Judicial” por el de “Órgano Judicial”, como si los autores del texto constitucional hubieran querido dejar implícito que en el Estado Plurinacional existe un poder único, concentrado en el gobierno, y que los otros (el legislativo y el judicial) son accesorios; ramas funcionales que se desprenden del poder político.
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