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15 de junio de 2014 - Número 145

La cuestión de la representación: Sobre "El espejo de la sociedad"

Fernando Molina*

Este libro de María Teresa Zegada y Jorge Komadina –sostiene Molina– es “un diagnóstico exhaustivo, ordenado y objetivo, en una palabra, serio, de la situación de los mecanismos representativos en la democracia boliviana actual”. Un diagnóstico que identifica, entre otras cosas, las debilidades de un sistema “en el que los representantes poseen bajos niveles de autonomía respecto de sus partidos”.
La cuestión de la representación: Sobre

El libro de María Teresa Zegada y Jorge Komadina El espejo de la sociedad. Poder y representación en Bolivia es un diagnóstico exhaustivo, ordenado y objetivo, en una palabra, serio, de la situación de los mecanismos representativos en la democracia boliviana actual.
Como es usual en estos casos, el libro se abre con un panorama histórico que nos permite reconstruir, en la experiencia boliviana, el “dilema de la representación”, esto es, la necesidad de designar a delegados que actúen en nombre del pueblo y que terminan actuando en nombre propio, o lo que es lo mismo, que se convierten en una élite con intereses particulares y a menudo distintos de los de sus mandantes. Esta transformación se ve facilitada por la tendencia natural a reclutar a los representantes de las capas mejor educadas de la sociedad, y sus resultados pueden ser graves, como ejemplifica la debacle del sistema político boliviano en 2003.
Luego, ayudados por entrevistas con representantes de distintos partidos y niveles de gobierno, Zegada y Komadina evalúan el estado de las formas representativas creadas por la Constitución de 2009.

Los cambios desde 2009
Zegada y Komadina encuentran que ha cambiado la composición social de los cuerpos legislativos: se ha incrementado significativamente la presencia en ellos de artesanos, trabajadores y campesinos. Señalan que, por tanto, ha aumentado la “representatividad” de estos cuerpos, es decir, el parecido entre sus miembros y la población que representan. Con esto se ha enfrentado uno de los factores del dilema de representación, la distinción educativa del pueblo respecto de la élite política.
Pero este progreso no implica la superación completa del dilema de marras, como prueba en todo el mundo la experiencia de las “cuotas de género” en los órganos democráticos, que ha mejorado la “representatividad” de éstos respecto al electorado femenino, pero no se ha traducido en una mayor cantidad, o una mejor eficacia de las leyes y medidas favorables a las mujeres, en parte porque el parecido físico y/o social entre representado y representante no basta, y en parte porque las mujeres que logran puestos políticos se suman a, o se dan por vencidas ante, el sistema político que las acoge, pues éste es oligárquico, uniformador y reacio a las innovaciones.
Algo parecido ocurre en Bolivia –dicen Zegada y Komadina– con la representación indígena y popular, que se desvirtúa al llevarse a cabo en un sistema en el que los representantes poseen bajos niveles de autonomía respecto de sus partidos, si estos son mayoritarios, y en cambio actúan casi sin coordinación y a su libre albedrío cuando sus partidos son minoritarios. En otras palabras, un sistema en el que se producen procesos de cooptación de los legisladores por parte de los órganos ejecutivos y se bloquea el ejercicio directo de la representación para que éste no interfiera con el propósito hegemónico de los segundos. Esto ocurre, nos dice el libro, tanto en la Asamblea Legislativa Plurinacional (donde opera el Gobierno central), como en la Asamblea Departamental de Santa Cruz respecto a la Gobernación opositora de este departamento.
 
La representación corporativa
El caso extremo de la cooptación del representante se da cuando éste depende de una organización social a través de un “mandato imperativo”, u orden que sólo le cabe obedecer ya que no admite ninguna posibilidad de alteración. Entonces los representantes dejan de ser tales (de actuar por otros) y se convierten en meros gestores ante las autoridades de las demandas de sus comunidades. Al mismo tiempo, si los asuntos que se legislan no son relevantes para dichas comunidades, estos delegados quedan libres para enrolarse en las mayorías y las minorías,  y así se convierten, en gran parte, en seguidores dóciles de los partidos políticos.
En todo caso, este tipo de representantes denuncia la existencia de una “representación corporativa”: se pone en los espacios de deliberación democrática a “agentes” de las instituciones sindicales y populares, mecanismos tradicionales de acción política que llegan a alianzas con los partidos y usan los mecanismos electorales para asegurar la defensa de sus intereses particulares.

Lo que el libro no dice
Hasta aquí lo que el libro dice. Lo que en cambio no dice, pero puede ser fácilmente inferido de su lectura, es que, paradójicamente, las nuevas élites que se encargan hoy de representar al pueblo están constituidas por políticos que fueron intensamente críticos de esta forma de relación política, la que pretendían sustituir por mecanismos directos, tomados de la experiencia sindical o comunal, de participación política, es decir, por partidarios de la democracia “antigua” (por Grecia), que como se sabe era antirrepresentativa.
Por ejemplo, Álvaro García Linera señalaba en “¿Qué es la democracia?”, un artículo publicado en 2001, que la representación sería una farsa mientras que un votante no fuera equivalente a cualquier otro, y no de manera formal (ante la ley), sino sustantiva: por la posesión de una cantidad similar de recursos educativos o, lo que es lo mismo, por igualdad socioeconómica.
Pero esta manía contra la representación desapareció cuando las nuevas élites tuvieron la oportunidad de modificar el antiguo sistema político, que ha emergido del cambio con la misma preferencia por los métodos electorales y por la toma de decisiones a través de representantes de antes, y que deja un sitio secundario a los mecanismos asamblearios, la designación de dirigentes por sorteo o rotativa, la participación política no mediada por partidos, etc. La ley actual impone el voto aun como mecanismo constitutivo de las autonomías indígenas (se ha olvidado el argumento de García Linera sobre la injusticia intrínseca a la comparación de un voto con otro, por ejemplo el voto indígena y el no indígena), y protege a los representantes de la revocatoria de su mandato haciendo importantes exigencias procedimentales para que la misma se verifique. Todo indica que el dilema de la representación ya no es tan serio si fortalece un poder propio.
Pero no sólo se trata de intereses. En esto también hay una importante lección teórica. La hegemonía en las sociedades modernas exige que el consenso se construya como voluntad general (y no como verdad revelada, conclusión científica, seguimiento de la tradición o imposición despótica). Ahora bien, la formación de la voluntad general necesita de la representación, tanto por una razón material (la complejidad y densidad de las sociedades políticas actuales), como por una razón ideológica: el de representación, entre otros principios liberales, es parte de la mentalidad de las masas democráticas. Dos siglos de lucha liberal han conseguido esto.
Por tanto, si un gobierno quiere apelar a estas masas, aunque él mismo sea antiliberal, no puede prescindir de la representación. 


* Escritor y periodista.

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