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15 de julio de 2014 - Número 146

(Re)pensando la universidad pública y su sociedad: ¿Para qué sirve la U. en Bolivia?

Alejandra Ramírez S.*

“Un violento conflicto de 35 días generado por alumnos de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba (UMSS) ha visibilizado una crisis estructural general que, no sólo como Universidad, sino como sociedad estamos viviendo”, sostiene Ramírez en este análisis. Y cree que esa crisis “nos lleva a (re)cuestionarnos el papel de la Universidad pública en Bolivia”. Este es ese cuestionamiento.
(Re)pensando la universidad pública y su sociedad: ¿Para qué sirve la U. en Bolivia?

Como en todos los casos, las redes sociales demostraron otra vez ser una escenario propicio de discusiones y posturas de diversos tipo en torno a este tema: ¿Cuál es la función de la universidad pública en Bolivia?. Recupero, como guía de este artículo, dos de los debates que se dieron en los espacios virtuales: (a) Cuando una persona comentaba las pulsiones políticas de la movilización estudiantil, otra respondía: “es una visión conservadora de la Universidad esa que cree que la principal función de la U. es la de formar profesionales”; (b) el tema de la investigación en la U. Las discusiones giraban en torno a si ésta debía estar al servicio del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES)­ nacional o si debía buscar producir conocimiento independiente y con diversos fines, no necesariamente vinculados a las necesidades de las políticas (y políticos) públicas. Ambas discusiones (una sobre la relación estudiante-universidad y otra de orden más académico) me llevan a plantear la siguiente pregunta como eje de reflexión: ¿Cuál es la función de la U. en términos de formación, de política y sobre todo de generación de conocimiento?

Facetas de la discusión
Durante muchos años, la idea predominante en torno a la función de la U. pública era simple y generosa: “está al servicio de su pueblo”. De ahí que haya sido una vanguardia, no sólo en la formación de los profesionales sino, sobre todo, en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Pero en los últimos años ese sentido revolucionario y propositivo ha quedado en calidad de eslogan vacío. En la práctica, fue reemplazado por el imaginario de una universidad como espacio de adquisición de status y de beneficios para un importante porcentaje de la sociedad, sobre todo urbana. Veamos:

En el sector estudiantil
La U. se ha vuelto un espacio cómodo en el que miles de estudiantes se benefician de, entre otros: acceso a un seguro médico, comedor gratis, pasajes de transporte público con rebaja, acceso a Internet, manejo de fondos del IDH, guarderías para los hijos… Todos estos beneficios son derechos que se adquieren sin firmar contrato, ni asumir obligaciones frente al gasto en el que incurren gran parte de los ciudadanos bolivianos (todos los que pagamos impuestos). De contraparte: nada. Es decir, no se respetan lapsos de permanencia en una carrera, se salta de una a otra, la asistencia a clases es optativa –así como lo son, en muchos casos, las evaluaciones (se puede repetir el semestre en el futuro o en algún rápido y poco exigente curso de invierno o de verano)–, se manejan fondos económicos públicos –a partir de las FUL(es) y Centros de Estudiantes– sin rendir cuentas a la Contraloría Pública, y se exigen cada vez más derechos. ¿Dónde está el contrato ciudadano de esta población estudiantil que, siendo mayor de edad, tiene responsabilidades frente a la sociedad –y sus ciudadanos– que está invirtiendo en ella? ¿Dónde están los profesionales que deben ahora servir a un país, permitiendo que otros(as) estudien en el futuro? ¿Dónde están aquellos que a partir de su creatividad, formación y profesionalidad, pueden generar discusiones y debates críticos y propositivos en torno a los desafíos sociales, económicos, tecnológicos que existen en este país?
A ello se suman los grandes problemas que existen en términos de formación, problemas que se arrastran desde la educación pre-universitaria [de hecho, en algún momento, habría que evaluar los impactos de las reformas educativas emprendidas durante los últimos 20 años en el país]. Existe consenso sobre el hecho de que hay una notable disminución del rendimiento académico de los alumnos que presentan no sólo problemas de lectura, escritura, redacción, y, sobre todo comprensión, sino de un desconocimiento de todo lo que viene a ser un bagaje cultural mínimo que permita un verdadero diálogo de saberes y no un simple rescate de conocimientos locales.

Del lado de los docentes

En la Universidad no existe una carrera docente que permita, mediante un proceso de evaluación/formación continua, la consolidación de un status de docente universitario que destaque en términos de formador crítico de una nueva generación capaz de plantear alternativas frente a la construcción socio-política y económica de Bolivia. La politiquería –y no la política– ha ganado también algunos espacios en este gremio. Los títulos, siguiendo una concepción cada vez más arraigada en la sociedad boliviana, no sirven ni siquiera para aumentar puntaje en la escala salarial, siendo, al contrario, vistos con recelo: “los doctorcitos” –término aplicado a aquellos que tienen el grado de doctorado– son, generalmente criticados y menospreciados. En definitiva una universidad donde los títulos académicos no cuentan, ni siquiera en la calificación de méritos, y en la que se obtiene más puntos habiendo sido consejero que habiendo publicado varios artículos o libros.

Del lado de la investigación

No sólo existe un sub-valoración del papel de la investigación y del investigador. Hay además problemas en su evaluación: se prioriza el cumplimiento en términos cuantitativos y administrativos sin valorar indicadores cualitativos. Y, de paso, para coronar su menosprecio, hay una creciente tendencia a querer, como política universitaria, enmarcar las investigaciones exclusivamente al servicio del PGDES. Se tiene que tener claro que la U. no es una entidad hacedora de políticas públicas aunque pueda (y deba) aportar con conocimiento para que los tomadores de decisiones lo utilicen como base (ahí lo que está fallando es la inexistencia de un puente entre academia y decisiones públicas). El objetivo de toda investigación académica debe ser el de producir conocimientos de diversa índole –algunos más prácticos y otros más abstractos (no en vano existe la diferenciación entre lo que es una investigación básica/fundamental y la que es práctica/aplicable)–. Esos conocimientos pueden servir para tomar decisiones, pero deben, sobre todo, ser capaces de generar posturas críticas, sin inclinarse frente a las autoridades gubernamentales –de cualquier nivel o postura ideológica–.

Volviendo a la pregunta inicial
¿Para qué sirve la U? Siendo una entidad académica, su papel no es desarrollar emprendimientos empresariales, económicos o tecnológicos, ni de hacer políticas públicas. Es un espacio que sirve para (a) formar profesionales –que son los que efectivamente tendrán que desarrollar los emprendimientos una vez lanzados a la sociedad–; (b) atraer docentes de calidad –regidos por un escalafón/carrera docente–capaces de (c) producir conocimiento crítico y creativo para, a partir de ello, aportar a la política, economía y la sociedad.
La U. no debería servir de remanso de permanencia, un lugar cómodo al margen de las obligaciones ciudadanas.

* Responsable del Área de Estudios del Desarrollo del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (CESU-UMSS).

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